Medios en inglés y español han informado que el gobierno de Chile habría autorizado iniciar el proceso de selección de los submarinos que reemplazarán a los actuales U-209 De acuerdo a la normativa vigente, sólo se puede abrir un proceso de selección cuando el gobierno aprueba un proyecto, tarea del Ministro de Defensa, y luego asigna los fondos, responsabilidad del Ministro de Hacienda. Esto permite llamar a posibles interesados a que entreguen propuestas técnicas y costos en firme, es decir, responder una RFP, que servirá de base a un contrato. Toda otra consulta o solicitud de información no implica una negociación destinada a firmar un contrato y no necesita autorización del gobierno. Fuentes de la Armada nos indican que desconocen esta supuesta autorización y que, en ningún caso, se han asignado fondos para financiar este proyecto.
Más aún, señalan que las prioridades para presentar proyectos y solicitar fondos son, en primer lugar, los trabajos actualmente en desarrollo en los dos P3 ACH y la construcción del nuevo rompehielos, cuyo primer corte de plancha fue realizado en mayo, con la presencia de la Presidente de la República. Las siguientes metas dicen relación con las unidades de la Escuadra, actualmente compuesta de ocho fragatas. Este proceso consideraría principalmente a las fragatas “L” por su antigüedad, además de ser únicas en el mundo, afectando esto especialmente a su planta propulsora. Por otro lado estas unidades proporcionan la defensa antiaérea con sus misiles Standard SM1. Las dos fragatas “M” y la Fragata “Almirante Williams”, única del Tipo 22 Batch 2 que permanece operando, seguirían en la lista de prioridades.
A continuación está la renovación de los U-209
Más allá del alcance que pudiera tener esta supuesta autorización, es de interés considerar los plazos involucrados en el reemplazo de los U-209. Las unidades actualmente en servicio comenzarán el año 2018 un proceso de modernización que les permitirá alargar su vida en 15 años, es decir, hasta el año 2029, fijando así la fecha límite de llegada de los submarinos nuevos. El proyecto está aprobado por el Ministerio de Defensa y su financiamiento dispuesto por el Ministerio de Hacienda. Las licitaciones para la adquisición del equipamiento necesario ya están en marcha, en particular el relacionado con las baterías. Para las unidades que los reemplazarán se debe considerar un plazo de entrega mínimo de cinco años a contar de la fecha de firma del contrato, lo que debería estar cumplido el año 2024. Lo anterior implica tener el proyecto aprobado y financiado a más tardar el año 2022 y de este modo se dispondría de dos años para llamar a RFP, seleccionar una alternativa y firmar el contrato.
El inicio oficial del proyecto sería el año 2019, permitiendo disponer de tres años para lograr la aprobación del Ministerio de Defensa. Este calendario no toma en cuenta que en marzo de 2018 cambia el presidente y que el llamado a RFP y negociación del contrato se realizaría al final de ese nuevo gobierno y comienzos de su sucesor y será a este último a quien le correspondería firmar el contrato. Otro factor que no se debe olvidar es el precio del cobre, actualmente en niveles bastante más bajos que aquel que permitió hacer importantes adquisiciones en la década pasada. Ligado a esto, está siempre latente el deseo de muchos actores políticos de reemplazar el financiamiento entregado por la Ley del Cobre, por uno que permita una mayor injerencia del parlamento. En cuanto a los plazos, hay que recordar que las unidades Scorpene se entregaron en un plazo de siete años y a modo de ejemplo más actual, el contrato firmado el 2015 entre SAAB y el gobierno Sueco por dos submarinos del tipo A26 considera un plazo de entrega de siete años. (Jesús.R.G.)
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