Sesiona el Consejo de Guerra que analiza las responsabilidades en el hundimiento. Testigos técnicos abren nuevas hipótesis sobre el incendio.
En las dos últimas audiencias (miércoles y viernes pasado) testigos de cargo presentados por el instructor Méndez, (con función semejante a la de un fiscal) afirmaron que el submarino se encontraba en condiciones de navegar y de dar cumplimiento a la misión fijada en la orden de operaciones (control y vigilancia marítima). La opinión del contralmirante Gustavo Trama (integró la comisión investigadora creada en 2017 por el ministerio de Defensa, fue comandante del submarino San Juan y Comandante de la Fuerza de Submarinos) y del capitán de navío Arturo Marfort (perito designado por el exjefe de la Armada vicealmirante José Villán a pedido del sumariante) fueron en contra de la argumentación de fondo del propio instructor que los presentó al tribunal. Uno de ellos inclusive afirmó que no es posible vincular o relacionar el incidente inicial (el principio de incendio en el balcón de baterías de proa) con el naufragio. Las 240 fojas del expediente redactado por Méndez, llamado legajo disciplinario, es una ilación narrada con adjetivaciones enfáticas que une el principio de incendio y novedades técnicas preexistentes con el resultado fatal y la pérdida del buque. Apuntó a que el submarino no estaba en condiciones de navegar, que hubo negligencias en el mantenimiento y en prestar ayuda una vez conocido el percance de la entrada de agua de mar, el cortocircuito en las baterías y el principio de incendio. Las comunicaciones del submarino a posteriori del mensaje inicial sobre el principio de incendio indicaron que la avería había sido controlada al punto de decidir sumergirse y navegar con rumbo a Mar del Plata. En ningún momento el capitán Pedro Fernández, comandante del buque, solicitó ayuda al Comando de la Fuerza de Submarinos ni declaró emergencia. Ni una sola de las imputaciones de falta gravísima por presuntas negligencias de los marinos de la cadena de comando y de logística de la que dependía el San Juan se ha probado en el expediente con relación de causa-efecto sobre el naufragio y muerte de la tripulación. Mendez elaboró 5 hipótesis a partir de yuxtaponer documentos de archivo histórico del estado de mantenimiento del sumergible.
El Consejo de Guerra designado por el ministro Agustín Rossi integrado por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Martín Paleo y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier Pedro Girardi tiene la presión política de dar la respuesta deseada y esperada a los deudos de los 44 submarinistas, una sanción, aunque los hechos distan de poder probarla. No hay forma de peritar el submarino que yace a más de 900 metros de profundidad y determinar qué ocurrió y con ello establecer si las acciones y presuntas omisiones de los imputados determinaron la pérdida de vidas y patrimonio del Estado. La tensión se palpa en cada audiencia. Palabras del jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMCO), general Paleo, vocal del tribunal, sonaron a prejuzgamiento. La intervención ocurrió durante el interrogatorio de los defensores a los testigos de cargo presentados por el sumariante comodoro Méndez. Paleo reprendió con voz severa a uno de los letrados que interrogaba al perito capitán de navío Gerardo Bellino. ¡Es una emboscada! gritó con tono de mando para rescatar al testigo Bellino de la seguidilla de preguntas inquisitivas, una estrategia común en juicios orales para conocer la veracidad de un dato cuando el deponente elude la respuesta.
El cuestionario buscaba que el perito reconociera por sí o no, si la demora en el carenado del submarino es un elemento determinante en la seguridad de la navegación y posterior resultado fatal del siniestro, tal como orienta la imputación el instructor Méndez. En otro tramo Paleo se cruzó con el vicealmirante Antonio Torres, designado asesor militar de confianza del imputado Luis López Mazzeo, contralmirante extitular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento. El general opinó; siendo parte del tribunal militar; que las autoridades de la base debieron ordenarle permanecer en superficie al comandante del submarino luego del principio de incendio, contrariando la decisión que había tomado y comunicado el propio capitán Fernández. Antes, Torres había dicho que en la doctrina naval, el comandante es la máxima autoridad y quien tiene la última decisión para evaluar el escenario, la situación y ambiente de su buque para el Gobierno y operación segura. Una tercera irrupción de Paleo también orilló el prejuzgamiento en orden a apoyar argumentos volcados en el legajo disciplinario. “Eso ya quedó zanjado” laudó el general ante repreguntas al testigo Bellino para que diga si existe una norma reglamentaria que ordene permanecer y navegar en superficie ante un incendio en submarinos. El testigo rodeaba la definición, se sabe que no hay tal norma. Los factores ambientales, técnicos y tácticos en el mar pueden ser tan vastos y combinables que una sola norma no abarcaría la decisión exitosa.
Hoy sigue la ronda de testigos de cargo: el contralmirante Alejandro Kenny, integrante de la Comisión Asesora del ministerio de Defensa, investigó el hecho en 2017, es submarinista, fue Comandante de la Fuerza de Submarinos y comandante del submarino ARA Santa Cruz y el capitán de navío Jorge Bergallo, miembro de esa comisión, padre del capitán de fragata post mortem Jorge Bergallo, tripulante del submarino siniestrado y ex comandante del ARA San Juan.
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