ANDRÉS TORRES / EFE La construcción de los nuevos submarinos S-80 para la Armada española que se lleva a cabo en los astilleros de Navantia en Cartagena es algo muy serio. Lo que está en juego es la continuidad del arma submarina en España y que el país se quede, al menos durante unos años, sin sumergibles militares o con una única nave disponible. A ello, hay que añadirle el prestigio de la industria naval española al lanzarse a la fabricación de un submarino en solitario por primera vez y, por ende, la estabilidad laboral de las más de mil personas que integran la plantilla de Navantia y la de otras mil más que trabajan regularmente en sus instalaciones en Cartagena.
El proyecto está muy lejos de ser un circo, pero parece que le crecen los enanos. La preocupación para que salga adelante sin nuevos obstáculos que lo retrasen aún más es evidente en la Armada y en la propia compañía de construcción naval. Cabe recordar que hace un par de años se detectaron errores en el diseño del submarino que desvelaron el exceso de peso de la nave, lo que ha obligado a que la eslora se tenga que alargar unos 8 metros más hasta llegar casi a los ochenta.
Con estos antecedentes, se ha producido una situación cuanto menos esperpéntica que, si bien, no es achacable a un fallo de Navantia, si evidencia que la construcción del nuevo submarino parece estar gafada. Y es que setenta grandes baterías destinadas a la fabricación del submarino, valoradas en 469.000 euros, han sido recuperadas por la Guardia Civil en una operación que ha supuesto la detención de cinco personas, dos de ellas responsables de sendas empresas de reciclaje de Zaragoza.
Los dos detenidos, de 28 y 49 años, a los que el instituto armado les acusa de ser los autores del robo de las baterías en un almacén de la localidad de El Burgo de Ebro (Zaragoza). Los otros arrestados son los también españoles, responsables de empresas de reciclaje en el Polígono Industrial Cogullada y el barrio de Garrapinillos, ambos de la capital zaragozana, y un ciudadano chino, empleado en una de ellas, a los que se les imputa un delito de receptación, por comprar el material.
El robo de las baterías, de 600 kilos cada una y valoradas en 6.700 euros cada una, se descubrió al localizar la Policía Local el pasado 25 de marzo un camión atascado en el barro, en un camino próximo al polígono Marqués de Arlanza, cargado con nueve baterías. Sus dos ocupantes no pudieron dar explicaciones de su procedencia, que sí confirmó el propietario del almacén, quien ya había denunciado el robo de las baterías, cuya peculiaridad es su difícil reciclaje, por lo que son pocas las empresas capaces de llevarlo a cabo.
Las baterías fueron localizadas en tres empresas de Bilbao, Soria y Zaragoza, que las habían adquirido legalmente a las citadas compañías de reciclaje de metales zaragozanas, que, a su vez, las compraron a los autores del robo por unos 14.000 euros.
La operación, en la que no se descarta que haya nuevas detenciones, ha concluido esta semana en la empresa del Polígono de Cogullada, que había comprado 47 de las setenta baterías robadas, y que, al igual que la otra implicada, las compraron presuntamente a pesar de las peculiares características del material.
La Opinión de Murcia
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