Tanto la Armada como el Ejército del Aire y del Espacio han venido mejorando -a una velocidad inferior a la deseada- sus capacidades en cuanto a guerra antisubmarina en estos últimos años. No obstante, todavía queda un tiempo para que estas se consoliden: el primer ejemplar de la clase S-80 Plus debe enfrentarse a un duro año de pruebas con la Armada; el Ejército del Aire y del Espacio deberá esperar hasta 2027 para empezar a recibir los C295; en el apartado de los drones aéreos el trabajo pendiente es más que notable; la carencia de vehículos submarinos no tripulados es igualmente manifiesta… Pese a ello, ahora que el futuro es razonablemente prometedor desde el punto de vista presupuestario, España está al fin en posición de recuperar todas las las capacidades perdidas y, además, de dotarse de otras nuevas.
Desde que los submarinos demostraron su absoluta efectividad contra buques de superficie durante las dos guerras mundiales, las marinas de guerra siempre se han mantenido ojo avizor con los desarrollos tecnológicos en los entornos submarinos. En este área, donde todo ocurre al abrigo de la mar, es muy difícil saber qué está ocurriendo, incluso con los medios adecuados.
Dicha problemática se está acentuando en los últimos años con el aumento de instalaciones submarinas como cables submarinos (tanto de transmisión de datos como de suministro eléctrico), minería, etc. Esto ha dado lugar a la aparición del término seabed warfare o guerra del lecho marino. Algo que siempre ha existido, pero que, antiguamente, sólo estaba compuesto por operaciones de minado-contraminado y de investigación (hidrografía) [1].
De esta forma, se habla de guerra antisubmarina (antisubmarine warfare, ASW) cuando se está cazando un submarino, mientras que se prefiere el término guerra submarina (undersea warfare, USW) cuando se trata de un combate integrado frente a todas las amenazas submarinas, entre las que destacan los submarinos [2, 3]. Así, ASW sería un tipo particular de USW.
Aunque, como se ha mencionado, la preocupación por los submarinos siempre ha estado presente, no siempre lo ha sido con la misma intensidad. El último descanso tuvo lugar con la caída de la URSS en 1991. Este enorme cambio político provocó que la amenaza submarina tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo desapareciera prácticamente [4].
Al reducirse al mínimo dicha amenaza, y debido a que el esfuerzo antisubmarino nunca ha sido barato, los Estados comenzaron a dejar de invertir en las costosas armas requeridas para este tipo de combate. De esta manera, la Armada decidió retirar los sistemas AN/SQR-19 Tactical Towed Array Sonar (TACTAS) de las fragatas de la clase Santa María [5, 6] que actualmente componen la 41ª Escuadrilla de Escoltas con base en Rota (Cádiz), quedando como buques con una reducida capacidad antisubmarina. Pocos años más tarde, entraron en servicio las unidades de la clase F-100 Álvaro de Bazán, dotadas únicamente de sonar de casco, sustituyendo a las vetustas F-70 Clase Baleares que disponían de sonar de casco y calable, dejando a las unidades de superficie de la Armada sin una capacidad antisubmarina adecuada.
Además, aprovechando que la Décima Escuadrilla de la FLOAN contaba ya con un número suficiente de helicópteros multipropósito Sikorsky SH-60B, los SH-3D de guerra antisubmarina de la Quinta Escuadrilla fueron vaciados y redesignados para el asalto anfibio [5].
Asimismo, la Armada no fue la única que aprovechó para reducir su inversión en materia antisubmarina. Por su parte, en el Ejército del Aire y del Espacio (EA) la modernización prevista para los P-3B comprados de segunda mano a Noruega fue postergada hasta la década de 2010, terminándose de una manera algo cuestionable -debido a problemas de índole económico dos aviones no pudieron ser modernizados- [8, 9]. Este comportamiento también fue seguido por otras marinas de la OTAN. Quizá las más drásticas fueron Países Bajos, Italia o Reino Unido que abandonaron completamente las plataformas de ala fija para patrulla marítima [10].
No obstante, con respecto a la reducción de capacidades antisubmarinas de los buques de superficie, la Armada quizá fue la que más se aplicó, pues actualmente, no hay ningún buque en servicio con un sónar de profundidad variable. Algo de lo que sí disponen nuestros vecinos italianos y franceses, que cuentan con uno de los mejores buques de superficie en ese campo [11]: las fragatas multipropósito de la clase Bergamini o clase Aquitaine, también conocidas como Fragata Europea Multi-Misión (FREMM).
Así, en la última década, cuando la OTAN y Estados Unidos estaban prestando atención al conflicto contra el terrorismo y tenían la vista puesta en la guerra antiaérea y las capacidades de ataque a tierra, la Federación Rusa comenzó a regresar al Atlántico y al Mediterráneo [10, 12, 13]. Esta presencia ha ido incrementándose progresivamente, alcanzando su cénit en el Mare Nostrumdurante el año 2022. De hecho, a lo largo de ese año uno de sus submarinos nucleares estuvo un mes aproximadamente patrullando dichas aguas [14]. Asimismo, a mediados de diciembre de 2023 se publicó que un submarino ruso estuvo patrullando en junio las aguas cercanas a Irlanda, país sin flota antisubmarina [15].
Además, con la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa se incrementó el temor a un posible ataque de ésta a la infraestructura submarina de la UE/OTAN [16, 17, 18, 19, 20, 21]. Los componentes más críticos son los cables -tanto de datos como de transporte de electricidad- y gaseoductos submarinos, así como las infraestructuras de extracción de combustibles y granjas eólicas en el Mar del Norte. Pues, por un lado, permiten el flujo de información entre distintas partes del globo y, por otro lado, se genera la electricidad necesaria para mantener viva la industria europea.
Es conveniente citar los ataques en 2021 a las instalaciones de observación submarina Lofoten-Vesterolen (LoVe) operado por el Instituto de Investigación Marina (IMR) [22, 23], el famoso ataque al Nordstream 1 y 2 en 2022 [24, 25, 26], y los más recientes en octubre de 2023 a las instalaciones del gaseoducto Baltic Connector en el golfo de Finlandia [27]. En el caso concreto de España, aunque son habituales los tránsitos por aguas cercanas [28, 29, 30], todavía no se ha reportado ningún ataque contra las infraestructuras nacionales.
De esta manera, la OTAN, ya en 2016, expresó su preocupación y solicitó a las naciones que reimpulsaran sus capacidades de patrulla marítima y lucha antisubmarina [10, 31], pues, como se ha comentado anteriormente, no pocos países la habían relegado a un segundo plano [12, 13]. Tanto es así que se llegó a proponer el desarrollo de una plataforma común para el diseño de un avión MPA (Maritime Patrol Aircraft) bajo el programa Cooperation on Multinational Maritime Multi Mission Aircraft Capabilities en el seno de la Alianza [32]. Esto podría haber sido una solución razonable, pero, debido a la sensibilidad de la información manejada -mucho más reservada que la que se comparte en la Fuerza de Alerta Temprana y Control Aerotransportado (NAEW&CF) sita en Geilenkirchen (Alemania) [33]- el proyecto fue descartado.
Recientemente, en el último ejercicio REPMUS/Dynamic Messenger -donde apenas ha habido participación de vehículos submarinos remotamente tripulados españoles- uno de los cuatro temas operativos dentro de la guerra submarina fue la protección de infraestructuras críticas [34, 35]. Asimismo, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, anunció el pasado 15 de febrero de 2023 la creación de una Célula de Coordinación para las Infraestructuras Críticas Submarinas (Critical Undersea Infrastructure Coordination Cell) en el cuartel general de la OTAN [36]. Y, en octubre, los ministros de defensa de la Alianza y el ministro de defensa sueco anunciaron la iniciativa Digital Ocean Vision, encaminada a mejorar el conocimiento de la situación desde el lecho marino hasta el espacio [37].
Por su parte, la Unión Europea, en su última versión revisada de la Estrategia de Seguridad Marítima publicada el pasado mes de octubre de 2023, propone el fortalecimiento de las capacidades submarinas desde guerra antisubmarina hasta guerra contraminas, focalizándose en el desarrollo de tecnologías de swarming y manned-unmanned teaming [38].
En cuanto a España, algo lenta en su toma de decisiones [5], comenzó a trabajar hace no muchos años en mejorar sus capacidades antisubmarinas y de guerra en el fondo marino. Enumerando rápidamente, se pueden contar varios proyectos en desarrollo: submarino S-80 Plus clase Isaac Peral, fragata F-110 clase Bonifaz, helicóptero de combate MH-60R, avión de patrulla marítima C-295MPA, Buque de Acción Marítima ASW, así como la adquisición de vehículos submarinos remotamente tripulados. Todos estos proyectos se irán desgranando en las siguientes líneas.
En primer lugar, el submarino S-80 clase Isaac Peral. Aunque este programa lleve más de 20 años en desarrollo [39], también es preciso incluirlo, pues a finales del pasado mes de noviembre se recepcionó el primer submarino moderno de la Armada: el S-81 Isaac Peral [40]. Es el primer submarino recibido desde hace más de 30 años [41]. Cuenta con sónar de casco, de flanco y remolcado, así como con un moderno sistema de combate, algo novedoso -aunque parezca mentira- en el arma submarina de la Armada [39, 42].
Por su parte, las fragatas F-110 de la clase Bonifaz. En la segunda década del siglo XXI, se decidió la construcción de una nueva serie de fragatas ASW para reemplazar a las vetustas clase Santa María en servicio con la 41ª Escuadrilla [43]. Esto dará una capacidad reseñable desde superficie al contar con sónar de casco BlueMaster, remolcado y de profundidad variable CAPTAS-4C, todos ellos suministrados por la empresa francesa Thales [44].
Además, para complementar estas fragatas se decidió la adquisición de un reemplazo interino para los honorables SH-60B, es decir, el poderoso MH-60R [45], mientras se termina de diseñar el NH-90 HSPN [46] o se apuesta definitivamente por el Romeo. Pues, aunque sobre el papel el NH-90 pueda ser mejor técnicamente, las dudas sobre la complejidad de su mantenimiento y su baja operatividad [47], provocan que en la Flotilla de Aeronaves se prefiera la fiabilidad del modelo estadounidense [48].
El contrato de adquisición para esta solución interina se formalizó el pasado mes de octubre [49]. Incluye, en líneas generales, la compra de ocho helicópteros y cuatro sónares calables AN/AQS-22. Inicialmente, estos sónares, derivados del Thales FLASH (Folding Light Acoustic System for Helicopters) se vendían y fabricaban de manera conjunta entre Thales y Raytheon. Sin embargo, desde 2021, Lockheed Martin los está adquiriendo directamente a la empresa francesa [50].
Como se ha mencionado anteriormente, la Armada despojó de sonar calable a sus SH-3D a principios de los 2000. Por esta razón, los miembros de la omnipotente Décima Escuadrilla deberán recuperar ese saber hacer y, por ende, esa capacidad. Aquí, lo interesante sería combinar el sonar calable con la siembra de un campo de sonoboyas -lanzado desde un avión de patrulla marítima o desde el propio helicóptero- y/o con el sonar del buque, aplicando multiestatismo [51, 52, 53].
Aprovechando la mención de un medio de ala rotatoria, se tratará el MPA, que, formando binomio con un submarino dan lugar al medio antisubmarino más eficaz hasta la fecha [42]. El pasado 19 de diciembre de 2022, el último P-3 Orión aterrizó por última vez en el aeropuerto de Sevilla. De esta manera, el Grupo 22 encuadrado en el Ala 11 sito en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) fue desactivado después de más de 50 años de servicio.
Unos meses antes, en octubre de 2022, se publicó el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. En este documento se contemplaba la adquisición de cuatro aviones de patrulla marítima y diez aviones de vigilancia marítima basados en el CASA (ahora Airbus) C-295W con el objetivo de mantener la capacidad E-4-1 Combate naval. Control del mar [54]. El coste total del primer programa ascendía a 580 millones de euros mientras que el segundo, a 560 millones. Es decir, el montante total era de 1.140 millones de euros [55].
Debido a los retrasos sobre las fechas inicialmente estimadas, el siguiente paso, la autorización del Consejo de Ministros para modificar los límites de gasto para la adquisición de los aviones, no llegó hasta el 20 de junio [56]. Aunque las unidades anteriormente indicadas eran de cuatro aviones MPA y diez VIGMA, en este nuevo anuncio, el Gobierno de España contemplaba la compra de seis MPA, manteniendo la cantidad de VIGMA. Asimismo, a partir de este momento, se consideró un programa conjunto y el montante total se incrementó hasta los 1.730 millones de euros.
Casi tres meses después de la modificación de los límites de gasto, el 12 de septiembre, el Consejo de Ministros autorizó la adquisición de diez aviones VIGMA (vigilancia marítima) y seis aviones MPA por un importe de 2034 millones de euros [57]. Esto supuso un incremento de casi 900 millones sobre el importe inicialmente previsto. Dicho contrato se ha gestionado mediante negociado sin publicidad, fue publicado en la Plataforma de Contratación el pasado 13 de noviembre y, como era de esperar, adjudicado a Airbus Defence and Space S.A.U., casualmente, el 19 de diciembre [58]. El contrato fue firmado el pasado 20 de diciembre. Según el fabricante, se incluye un paquete inicial de apoyo logístico y sistemas de entrenamiento (simulador de vuelo y simulador de sistema de combate) [59]. Se estima que el precio por VIGMA es de 90 millones de euros y el de MPA de 140, dejando un remanente para posibles imprevistos de unos 300 millones.
Sorprende, ante todo, la elevada cantidad de dinero invertida en una solución interina [59, 60, 61]. Pues, según el Ejército del Aire y del Espacio, estos aparatos serán transitorios hasta la llegada de una solución definitiva, para lo que se contempla únicamente el P-8 y el P-1 por razones obvias [60, 61].
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