Buenos Aires (EFE).- Varios oficiales de la Armada argentina, en activo o retirados, fueron sancionados este lunes con entre 30 y 60 días de “arresto riguroso” y uno fue destituido por un Consejo de Guerra abierto para buscar responsabilidades por el hundimiento del submarino ARA San Juan, hallado hundido en el Atlántico en 2018 tras un año desaparecido con 44 tripulantes.
Según un documento al que tuvo acceso Efe, entre los cinco sancionados está el almirante retirado Marcelo Srur, quien fuera jefe de la Armada al desaparecer el buque, que deberá cumplir 45 días de arresto por “haber informado en forma incompleta al Ministerio de Defensa los sucesos iniciales acontecidos con el submarino”, lo que impidió “proporcionar información a los familiares de los tripulantes».
Se suma el agravante de “no comparecer ante la opinión pública demostrando falta de compromiso y diligencia, con el consecuente menoscabo de la imagen institucional de la Armada”.
A Srur, que en medio de la investigación por la desaparición del submarino fue destituido como jefe de la Armada en diciembre de 2017 por el Gobierno del entonces presidente, Mauricio Macri (2015-2019), también se le sancionó a otros 30 días -aunque solo cumplirá el arresto de mayor duración- por haber atribuido “responsabilidades de índole disciplinaria a personal subalterno».
“Haciéndolo en forma apresurada y sin haber agotado las medidas necesarias para formular tales imputaciones”, remarca el documento.
VARIOS ABSUELTOS
El Consejo de Guerra, que se produce en forma paralela a la investigación de la justicia penal, decidió además destituir al capitán de navío Claudio Javier Villamide, quien fuera jefe del comando de la fuerza de submarinos de la Armada, por cometer una “falta disciplinaria gravísima” por la negligencia “al evidenciar falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo”, y no haber ordenado ni recomendado expresamente al comandante del ARA San Juan “la conveniencia de permanecer en superficie».
También por no mantener una comunicación hasta definir un modo de acción que permitiese una “navegación segura de regreso a puerto” y por no adoptar medidas para convocar en forma urgente a su Estado Mayor y a otros especialistas para “analizar exhaustivamente la situación y profundizar en la búsqueda de la mejor solución».
Los otros tres miembros del cuerpo castrense que fueron sancionados son el contraalmirante ya inactivo Luis Enrique López Mazzeo, a 10, 15 y 60 días de arresto riguroso por diversas faltas; el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso, a 20 y 30 días de detención, y el capitán de Fragata Hugo Miguel Correa, a 30 días.
Todos ellos cumplirán solo la sanción de mayor duración.
Por su parte, fueron absueltos el contraalmirante retirado Eduardo Luis Malchiodi y el capitán de Corbeta Jorge Andrés Sulia y se declaró extinguida la acción disciplinaria del capitán de navío retirado Carlos Ferraro.
UN AÑO DESAPARECIDO
El ARA San Juan, de fabricación alemana e incorporado a la Armada argentina en 1985, tuvo su último contacto con tierra el 15 de noviembre de 2017, cuando, tras realizar diversas maniobras militares, se movilizaba desde la austral Ushuaia, en Tierra del Fuego, hacia Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.
En medio de fuertes labores de búsqueda, estuvo más de un año desaparecido hasta que fue encontrado el 17 de noviembre de 2018 hundido a 907 metros de profundidad, a más de 400 kilómetros de la costa.
La zona en la que se encontró la nave es donde en un primer momento se centró el rastreo, con base al punto donde el comandante se reportó por última vez y según la “anomalía hidroacústica”, “consistente con una explosión” que agencias internacionales habían detectado con sensores. Ni el submarino ni los restos mortales de sus marineros fueron reflotados.
Además de las conclusiones del Consejo de Guerra, que se abrió en noviembre pasado y se ha realizado en la sede del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, en Buenos Aires, sigue adelante una causa judicial penal que trata de determinar las responsabilidades en el hundimiento, en la que están procesados algunos de los sancionados este lunes.
Las atribuciones del Consejo de Guerra, para evaluar el desempeño de los militares, devienen del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, en vigor desde 2009, luego de que dejara de existir la jurisdicción militar en tiempos de paz y pasaran los delitos militares a tratarse en la Justicia penal.
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